jueves, 4 de diciembre de 2008

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INTRODUCCION
El proceso de la Reforma Agraria Dominicana tiene una gran
oportunidad de exponer sus logros alcanzados durante el período de
1994-2004, en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y
Desarrollo Rural que se celebrará en Porto Alegre, Brasil, del 7 al 10
de marzo del presente año 2006.
Para tal efecto, se ha elaborado el presente documento
contentivo de cuatro (4) capítulos que enfocan con detalle
pormenorizado, las políticas y experiencias que se han aplicado en la
República Dominicana y que han contribuido al acceso a los recursos
para los más pobres y han sido objeto de desarrollo con buenos
resultados.
Incluye además, 16 cuadros agrupados en dos anexos; los
cuales contienen un desglose por columnas de las actividades
programadas y ejecutadas durante la última década, objeto de análisis
para la exposición en la conferencia.
Por último, es satisfacción del cuerpo directivo que tiene a bien
regir la presente gestión Gubernamental al frente del Instituto Agrario
Dominicano, organo del Estado que tiene la responsabilidad de
conducir el proceso de Reforma Agraria en la República Dominicana,
aprovechar la oportunidad que nos brinda la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para
sugerir propuestas que propendan a mejorar los logros obtenidos por
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la Reforma Agraria de los países representados en la Magna
Conferencia, en bien del mejoramiento socio–económico de la
población rural en tiempos de globalización, el libre comercio y los
Objetivos del Nuevo Milenio.
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CAPITULO I
ORIGEN Y EVOLUCION DEL
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD)
Dentro del contexto de los Pueblos de América, que impulsaron
la corriente de ampliar los derechos sobre la tenencia de la tierra
durante la década del 1960, debido a las grandes presiones sociales y
reclamos de cambios en el ejercicio de los derechos del hombre, por
parte de la comunidad internacional, surgió en el País la Ley No.5879
del 27 de abril del año 1962 que crea el IAD como organismo
descentralizado del Estado responsable de ejecutar y llevar a féliz
término los programas de Reforma Agraria en la República
Dominicana. Estos programas tenían por finalidad alcanzar los
objetivos siguientes:
· Racionalizar el sistema de tenencia y uso de la tierra, mediante
la distribución entre campesinos desposeídos en áreas
propiedad del Estado y otras tierras que pueda captar el IAD
con apego a las leyes.
· Promover el incremento de la producción agropecuaria y crear
nuevas fuentes de empleo en el medio rural.
· Mejorar las condiciones de vida del campesino dominicano,
mediante el aumento de los niveles de ingresos de la población
beneficiada con la distribución de las tierras.
4
· Evitar la destrucción de los recursos naturales en áreas
montañosas.
· Ofrecer créditos, asistencia técnica, educación, instalación de
servicios de riego, electrificación, construcción de carreteras y
caminos, establecimiento y desarrollo de cooperativas, etc.
Desde su inicio, la Reforma Agraria Dominicana ha venido
desenvolviéndose con ritmos acelerados, algunas veces y en otras
con marcada lentitud. En función de esos ritmos, de la profundidad de
las acciones desarrolladas en términos de captación, modalidades de
adjudicación y uso de la tierra, y de otros componentes vitales para su
consolidación, los 43 años de este proceso se pueden dividir en tres
periodos:
1.1 PRIMER PERIODO 1962-1971
Durante este lapso el IAD inicia los programas de distribución de
tierras, los cuales fueron afectados por la velocidad con que se
produjeron en el País significativos cambios en el orden político y por
las diversas convulsiones sociales que terminaron con la guerra civil
del 24 de abril de 1965 y la posterior ocupación militar del País por los
Estados Unidos de Norteamérica.
Con el surgimiento del Gobierno Constitucional de 1966, se
relanza la Reforma Agraria como estrategia de desarrollo rural y fueron
5
promulgadas importantes leyes de promoción y desarrollo de la
Agropecuaria Nacional; tales como La Ley No.197, del 20 de octubre
de 1967, mediante la cual se traspasó al IAD la propiedad de los
terrenos de las colonias agrícolas establecidas antes del año 1962, La
Ley No.532 del 12 de diciembre de 1969, que tenía como objetivo
promover el desarrollo del Sector Agropecuario, mediante el
ofrecimiento por parte del Estado de los servicios de educación
agropecuaria, asistencia técnica, crediticia, construcción,
mantenimiento de obras viales, de irrigación, comercialización, precios
de sustentación, apoyo a la industrialización y exportación de los
productos agropecuarios.
Durante este periodo, el IAD formalizó un total de 73
asentamientos, en una superficie distribuida de 1.23 millones de tareas
(78,846 hectáreas), donde fueron asentados 13,488 parceleros/as con
una carga familiar de 94,346 personas. Esta superficie fue adjudicada
en parcelas familiares mediante la modalidad de asentamientos
individuales, establecida en la Ley orgánica del proceso.
1.2 SEGUNDO PERIODO 1972-1985
Constituye el más dinámico de la Reforma Agraria y se inicia con
la promulgación del Código Agrario, conformado por un conjunto de
leyes, entre las cuales se destacan las siguientes:
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· Ley No.282 del 20 de marzo de 1972, que declara de utilidad
pública e interés social la adquisición de todas las tierras
baldías que existen en la República y se traspasan al IAD.
· Ley No.283 del 20 de marzo de 1972, que crea la comisión
encargada de realizar los procedimientos necesarios para
recuperar las tierras del Estado en manos de particulares.
· Ley No.287 del 23 de marzo de 1972, sobre disoluciones de los
contratos de arrendamientos de tierras del Estado en más de
100 tareas.
· Ley No.289 del 28 de marzo de 1972, sobre contratos de
arrendamientos y aparcerías.
· Ley No.290 del 28 de marzo de 1972, que traspasa al IAD las
tierras dedicadas al cultivo del arroz.
· Ley No.291 del 28 de marzo de 1972, sobre plusvalía de la
propiedad territorial.
· Ley No.292 del 28 de marzo de 1972, que concede 3 meses
para la restitución de las tierras del Estado.
· La Ley No.314 del 28 de marzo de 1972, que define el
latifundio en la República Dominicana.
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Estos mecanismos legales facilitaron el ensanchamiento de los
programas de captación y distribución de tierras de la Institución,
logrando realizar 187 asentamientos, donde fueron asentadas 42,050
familias en 2.89 millones de tareas de tierras (181,761 hectáreas), las
cuales representan las mejores áreas incorporadas a la Reforma
Agraria desde el punto de vista de su potencial productivo. Esta
superficie fue distribuida a través de la modalidad de asentamientos
colectivos, establecida mediante la Ley No.391 del 27 de septiembre
de 1972.
Esta modalidad consistió en la adjudicación de una unidad
productiva, generalmente grande, a un grupo de beneficiarios que la
explotarían en conjunto y cuyos beneficios se distribuían por igual a
cada parcelero/a. Como política del IAD, en este periodo, casi todos
los asentamientos fueron organizados bajo esta modalidad. Su
estructura obedecía a una concepción de la cogestión, en la que se
establecía un consejo de administración, compuesto por un
representante de los beneficiarios, un técnico del IAD y un
representante del Poder Ejecutivo; además de diferentes comités
especializados para los trabajos.
Con la implementación de los asentamientos colectivos se inició
la afectación real de la gran propiedad agrícola, principalmente las
tierras arroceras y surgieron como respuesta estatal al fracaso de los
asentamientos individuales. Se realizaron 78 asentamientos
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colectivos del 1972 al 1980, donde se asentaron 28,448 parceleros/as
en una superficie de 2.15 millones de tareas (135,220 hectáreas).
La rigidez de la estructura operacional de estos asentamientos y
la limitante de incorporar la familia al trabajo colectivo por la
distribución uniforme de beneficios, forzaron a los parceleros a
presionar para introducir modificaciones estructurales parciales en
estos aspectos, las cuales dieron origen a la modalidad de
asentamientos asociativos, que constituyen un híbrido de los
asentamientos individuales y colectivos.
Durante este periodo se construyeron grandes infraestructuras
viales y de irrigación con el propósito de facilitar el aprovechamiento
de las áreas distribuidas y se iniciaron importantes programas y
proyectos de desarrollo rural integral en el ámbito de los
asentamientos, como son: Programa de Desarrollo Agropecuario
(PIDAGRO I), el Programa de Consolidación de Asentamientos
Campesinos y el Proyecto de Desarrollo de los Bajos Yaque del Norte,
entre otros.
El Sub-Programa de Reforma Agraria contenido en el PIDAGRO
I, contemplaba la asistencia técnica al IAD, mediante la contratación
de consultores en los aspectos de organización administrativa y en la
elaboración del Programa de Consolidación de Asentamientos
Campesinos.
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Para lograr la meta del fortalecimiento y reorganización
institucional del IAD, el Fondo Especial para el Desarrollo
Agropecuario (FEDA) y la Consultora Planeación y Desarrollo:
Consultores Colombianos LTDA (PIDELTA), concertaron un acuerdo
en octubre de 1974, con el fin de que la Consultora realizara un
estudio sobre la situación institucional del IAD. El informe final
presentado por dicha Consultora sobre la reforma administrativa del
IAD fue aprobado en febrero de 1976 y un año después, en marzo de
1977, se firmó el Contrato de Préstamo No. 496/SF-DR entre el Estado
Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el
propósito de financiar la segunda etapa del Plan Integrado de
Desarrollo Agropecuario (PIDAGRO II) e implementar las
recomendaciones de la firma Consultora.
El final del presente periodo coincidió con la puesta en marcha
de los ajustes estructurales de la Economía Dominicana, impuestos
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuyas restricciones
establecidas en los acuerdos firmados con el Gobierno Dominicano,
afectaron sensiblemente al Sector Agropecuario y desde entonces se
inició una reducción ascendente de los servicios de apoyo al proceso
productivo en los asentamientos.
1.3 TERCER PERIODO 1986-2005
Este periodo se caracteriza por una reactivación de los
programas de capacitación y organización, dirigidos a elevar el
conocimiento de los parceleros/as y técnicos del IAD en aspectos
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agrotécnicos, administrativos y en modelos de organización
participativa. Estos programas estuvieron fundamentados en la Ley
No. 269, promulgada el 5 de marzo de 1985, que formalizó la
modalidad de asentamientos asociativos.
Durante este lapso fueron concluidos los programas y proyectos
de desarrollo integral que se habían iniciado a finales del periodo
anterior, los cuales hacían énfasis en la construcción de obras de
infraestructura de apoyo a la producción y de carácter social tales
como los caminos ínterparcelarios y de penetración a los
asentamientos, canales de riego y drenaje, centros poblados con los
servicios de salud, educación y recreación incluidos.
En este proceso la Institución realizó un total de 250
asentamientos con una superficie de 6.38 millones de tareas (401,250
hectáreas) donde fueron asentadas 44,500 familias campesinas. Esta
superficie ha sido asignada mediante la modalidad de asentamientos
asociativos.
Durante este periodo las organizaciones de parceleros/as y los
sectores interesados han estado planteando al Gobierno Dominicano
la titulación definitiva de las tierras de la Reforma Agraria; por lo que
se aprovechó la celebración del Vigésimo Octavo (XXVIII) Aniversario
de la Creación del IAD para dictar el Decreto No. 59-90, que estableció
un intento de otorgar títulos definitivos a los beneficiarios del sector
reformado. Tres meses después, este intento queda sin efecto,
mediante el Decreto No. 267, del mismo año, debido principalmente, a
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que no se establecieron con transparencia y pulcritud los parámetros
técnicos y legales que requería dicho proceso.
Posteriormente, por la insistencia de las federaciones de
parceleros, las fuentes de financiamiento privado y los organismos de
cooperación para el desarrollo, se creó mediante el Decreto No. 152-
92, La Comisión Nacional de Titulación Definitiva, la cual quedó
integrada por el Secretario de Estado de Agricultura, quien la preside,
el Administrador del Banco Agrícola, el Consultor Jurídico del IAD, un
miembro de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas
(FENOC) y un miembro del Consejo Nacional de Parceleros.
El Decreto 152-92 fue derogado por el No. 144-98, el cual
modificó la integración de la Comisión Nacional de Titulación Definitiva
con la ampliación de su membresía y estableciendo el procedimiento a
seguir para el levantamiento del expediente de cada parcelero a
beneficiar con su título definitivo.
12
CAPITULO II
DESCRIPCION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE REFORMA
AGRARIA AÑOS 1994 - 2003
Durante el período bajo estudio, el País proyectó dentro del
proceso de Reforma Agraria, la captación y distribución de tierras, el
financiamiento agropecuario, la ejecución de planes, programas y
proyectos para incentivar y desarrollar la producción agrícola y
pecuaria de los asentamientos campesinos, la construcción y
reconstrucción de obras viales e hidráulicas, requerimiento económico
para sufragar las inversiones; la ejecución de los programas de
capacitación, organización e investigación social entre otros aspectos.
A continuación presentamos un desglose más pormenorizado de
las políticas y estrategias de Reforma Agraria durante los últimos 10
años:
2.1. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS
Para el período se programó la realización de 338 asentamientos
campesinos para lo que se estimaba como necesario la recuperación
de 3.9 millones de tareas de tierras (243,750 hectáreas), mediante la
aplicación de las diversas modalidades que conforman el marco legal
vigente en nuestro País. Para la implementación de estas unidades
productivas, se estimó la distribución de 2.4 millones de tareas
(150,000 hectáreas) y la incorporación de 73,800 familias rurales de
escasos recursos que calificarián como sujetos de la Reforma Agraria
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con una carga familiar de 406,230 miembros incluyendo los cónyuges
e hijos (cuadro No.1, Anexo 1).
2.2. FINANCIAMIENTO Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Para el período en cuestión fue considerado un financiamiento
de RD$32,870.5 millones (US$939.2 millones) con el objetivo de poner
en producción 22.4 millones de tareas de terrenos (1.4 de hectáreas),
tomando en consideración que el Banco Agrícola de la República
Dominicana es el único organismo estatal para el otorgamiento de
préstamos a parceleros/as en todo el territorio nacional.
Para el mismo período se contempló la cosecha de productos
agropecuarios en una superficie de 26.3 millones de tareas (1.6
millones de hectáreas), cuya producción estimada fue de 221.6
millones de quintales de alimentos (11.1 millón de toneladas), 47.2
millones de litros de leche y 5,610 toneladas de carnes. El valor de la
producción para ese período se estimó en unos RD$80,806 millones
(US$2,308.7 millones) (cuadros No.2, No.3 y No.4, Anexo I).
2.3. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA
PRODUCCIÓN
Es importante señalar que sin la realización de estas obras no
sería posible lograr los objetivos esperados; en ese sentido el Instituto
Agrario Dominicano proyectó la construcción y rehabilitación de 13,927
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kms de caminos interparcelarios y canales de riego en 338
asentamientos a realizar.
De estas obras 9,588 kms corresponden a la construcción y
reparación de caminos interparcelarios y 4,340 kms de canales para
fines de irrigación (cuadro No.5, Anexo I).
2.4. REQUERIMIENTO PRESUPUESTARIO
La Institución cuenta con un parque de maquinarias y equipos
agrícolas de construcción y transporte, así como obras de
infraestructura físicas para el alojamiento de las oficinas
administrativas y personal correspondiente, requiriendo para su
operación de asignación presupuestaria, la cual fue estimada para ese
período en RD$6,788.9 millones (US$193.9 millones), que agregados
a los RD$32,871.0 millones (US$939.2 millones), requeridos para el
financiamiento agropecuario, hace un gran total de RD$39,659.9
millones para el período de los 10 años al que se hace referencia
(cuadro No.6, Anexo I).
2.5. INVERSION GUBERNAMENTAL Y RENTABILIDAD
La formulación de programas con financiamiento agropecuario y
requerimiento presupuestario por un monto de RD$39,659.4 millones
(US$1,133.1 millones), proyectó la obtención de volúmenes de
producción de alimentos con un valor estimado en RD$80,499.4
millones (US$2,300.0 millones), esperando una rentabilidad de
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RD$40,840.0 millones (US$1,167.9 millones), posterior al proceso de
comercialización (ver cuadro No.6, Anexo I).
Esto implica que se estimó duplicar el valor de la inversión a
favor de los asentados durante los últimos 10 años, proyectando así la
seguridad económica y muy especialmente la paz social de los
habitantes de la zona rural (cuadro No.6, Anexo I)
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CAPITULO III
LOGROS DE LOS PROGRAMAS DE REFORMA AGRARIA Y
DESARROLLO RURAL
3.1. CAPTACIÓN DE TIERRAS
En lo concerniente al proceso de captación de tierras, durante
este período se han aplicado las cinco modalidades que regulan la
obtención de predios de vocación agrícola y pecuaria tal como
exponemos a continuación:
_ Captación de Terrenos Baldíos
_ Aplicación de la Ley No.126 de Cuota Parte
_ Compra de Terrenos
_ Transferencias de Terrenos del Estado
_ Donación de Terrenos
La aplicación de estas modalidades del Código Agrario
Dominicano, han permitido la captación de 2.7 millones de tareas
(168,750 hectáreas) (cuadro No.7, Anexo II).
3.2. DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS
Con la culminación del proceso de captación de tierras antes
mencionado, se inicia la realización de los asentamientos campesinos.
Mediante los cuales se incorporan a la actividad de usufructuarios o
propietarios provisionales con derecho a propiedad privada, de
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familias pobres de las áreas rurales escogidas o seleccionadas de
acuerdo al procedimiento que establece la Ley No.5879 del 27 de abril
del año 1962.
Como consecuencia de dicha culminación fueron realizados 91
asentamientos campesinos, donde se beneficiaron 18,194
parceleros/as con una carga familiar de 100,067 cónyuges e hijos que
han obtenido su sustento económico mediante la explotación de 3.1
millones de tareas (193,750 hectáreas) distribuidas (cuadro No.8,
Anexo II).
3.3. ENFOQUE DE GÉNERO EN LA REALIZACION DE
ASENTAMIENTOS CAMPESINOS
La Constitución de la República Dominicana establece igualdad
de los derechos civiles y políticos de hombres y mujeres; y consagra el
acceso igualitario a la salud, empleo y seguridad social. En los últimos
años se han tomado iniciativas tendentes a mejorar la situación legal
de la mujer en términos de derecho familiar y laboral, a fin de
incorporarla en los esfuerzos de desarrollo.
La Ley No.5879 del 27 de abril del 1962 sobre Reforma Agraria,
cita a la mujer de manera explícita en el artículo 43 que trata sobre la
distribución de parcelas, la cual dice que ésta sólo puede alcanzar la
categoría de parcelera por muerte o abandono del cónyuge; sin
embargo, la vinculación a la lucha por la tierra ha permitido que los
títulos de asignación provisional estén a nombre de la pareja familiar.
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En tal virtud se promulgó la Ley No.55-97 del 7 de Marzo de 1997,
mediante la cual se le reconoce el derecho a la mujer para ser
beneficiaria con el otorgamiento de parcelas en el proceso de Reforma
Agraria.
En esta última década fueron asentadas 2,483 mujeres de un
total de 18,194 beneficiarios. Si bien es cierto que dicha disposición
legal formalizó la incorporación de la mujer a este proceso, ya entre
1994-1996 habían sido tomadas en cuenta incluyendo centenares de
mujeres en los asentamientos realizados, con la asignación de 1,398
títulos provisionales que le acreditaban como parceleras de los
asentamientos campesinos de la República Dominicana (cuadro No.9,
Anexo II).
3.4. TITULACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA
Antes de exponer las cifras logradas en proceso de titulación
provisional y definitiva, es valido describir algunos antecedentes que
han servido de sustentación legal a este proceso.
La titulación en la Reforma Agraria Dominicana está constituida
por tres fases:
_ Titulación Provisional de Parcelas
_ Titulación Definitiva de Parcelas
_ Titulación de Solares en Terrenos de Reforma Agraria
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3.4.1 TITULACIÓN PROVISIONAL DE PARCELAS
La titulación provisional de parcelas otorgadas por la Reforma
Agraria, se sustenta en la Ley No.5879 antes mencionada, mediante la
cual se le asigna un documento que faculta al usufructuario de una
parcela otorgada para explotar un predio de terreno propiedad del
Estado, a través del Instituto Agrario Dominicano (IAD).
En tal virtud, en esta última década se han otorgado 18,194
títulos provisionales, correspondiendo 15,711 a parceleros,
equivalentes a un 86% y el restante 14%, es decir 2,483 a parceleras.
3.4.2 TITULACIÓN PROVISIONAL DE PARCELAS
Respecto a la Titulación Definitiva de Parcelas, es oportuno
destacar que ésta se realiza fundamentada en los decretos Nos. 152-
92 y 144-98 de fechas 15 de mayo del 1992 y 27 de abril del 1998
respectivamente, mediante los cuales se creó la Comisión de
Titulación Definitiva que faculta la entrega de títulos definitivos a la
parcelera o parcelero que ha recibido en usufructo una parcela de
Reforma Agraria bajo asignación de Título Provisional, después de
cinco (5) años de su explotación; además de otros requisitos menores.
Posterior a la emisión de ambos decretos, en el período de
estudio el Instituto Agrario Dominicano ha entregado un total de 7,609
títulos definitivos a igual cantidad de parceleros y parceleras en una
superficie de 1.6 millones de tareas (100,000 hectáreas), equivalentes
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a un monto de RD$11,275.1 millones (US$32.2 millones) (cuadro
No.10, Anexo II).
Por último, abordaremos la tercera fase de la titulación en la
Reforma Agraria dominicana, definida como la Titulación de Solares.
3.4.2 TITULACIÓN DE SOLARES
En la medida en que ha crecido la población urbana en la
República Dominicana, los terrenos que estaban dedicados a la
exportación agrícola y pecuaria en asentamientos campesinos de la
Reforma Agraria, fueron abandonados por los parceleros y parceleras
asentados, y dedicados a la construcción de viviendas,
infraestructuras industriales, empresariales y centros comunitarios,
sustituyendo su uso agropecuario por el urbano.
Esta nueva situación implica que usufructuarios de los terrenos
de antigua explotación, no podían iniciar trámites de titulación de sus
propiedades urbanas dado el hecho de que eran ocupantes ilegales de
terrenos estatales.
A la luz de esta situación y problemática socio-urbana, la
Presidencia de la República Dominicana, emitió el Decreto No.784-02
de fecha 09 de Octubre del 2002 que le otorga al Instituto Agrario
Dominicano, la potestad de emitir títulos provisionales de solares a los
nuevos ocupantes de terrenos. Esta disposición presidencial fue
21
derogada por el Decreto No.1554-04 que transfirió estas funciones a la
Dirección General de Bienes Nacionales.
Como consecuencia de esta disposición administrativa, se
implementó el Programa de Titulación de Solares, a través del cual, la
Reforma Agraria en el período 1994-2003 ha entregado 98,903 títulos
de solares a igual cantidad de familias; representando una superficie
de 25.7 millones de metros cuadrados. El valor de transacción de
estos predios equivale a RD$12,168.0 millones (US$347.7 millones).
Se hace hincapié en que las disposiciones legales indicadas,
constituyen factores favorables y que viabilizan las políticas y prácticas
que han garantizado y mejorado el acceso a la tierra para los pobres;
a la vez que se promociona la Reforma Agraria como alternativa
efectiva y eficiente en alivio de la pobreza y el hambre, lo que ha
revitalizado a las comunidades y territorio rurales en la República
Dominicana.
Con las iniciativas de titulación se dan los primeros pasos para
crear en el parcelero/a un proceso de transformación de la
idiosincrasia paternalista a una mentalidad y cultura de autogestión o
enfoque agro- empresarial de los beneficiarios de la Reforma Agraria.
3.5. FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO
Los asentamientos campesinos obtienen sus recursos
económicos por el financiamiento de sus actividades productivas, por
22
medio del Banco Agrícola de la República Dominicana, en virtud de
que no son objeto de crédito del sistema financiero privado.
A través de esta institución estatal, se otorgaron RD$4,072.6
millones (US$116.4 millones) con los cuales se sembraron un total de
4.2 millones de tareas (262,500 hectáreas). (cuadro No.11, Anexo II)
3.6. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Como consecuencia de la acertada política de Reforma Agraria
Dominicana, durante este período se han fomentado la siembra de
una superficie superior a 14.8 millones de tareas (925,000 hectáreas),
cuya explotación ha permitido la obtención de una producción de 81.4
millones de quintales de alimentos de origen agrícola (4.1 millones de
toneladas), así como la obtención de 109.2 millones de litros de leche
y unas 345.0 toneladas de carne.
La comercialización de la producción obtenida durante los
últimos 10 años, ha generado ingresos económicos a los beneficiarios
de la Reforma Agraria por valor de RD$31,064.2 millones (US$888.0
millones), lo que ha impactado positivamente en la reducción de la
pobreza de los habitantes en zonas rurales, (cuadros Nos. 12 y 13,
Anexo II).
3.7. APORTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS A
LA CANASTA FAMILIAR
23
La alimentación del pueblo dominicano está constituida
básicamente por unos cinco productos agropecuarios entre los que
podemos citar el Arroz, habichuelas, Yuca, Plátano, hortalizas y
carnes; de los cuales a nivel nacional se produjeron 169.9 millones de
quintales (8.5 millones de toneladas), sin incluir unos 11 mil millones
de unidades de plátanos y 154.5 millones de racimos de bananos.
Del total de quintales producidos a nivel nacional durante este
período, 49 millones de quintales (2.5 toneladas) fueron producidos en
los asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, lo que equivale
al 29.4%; así mismo 1,200 millones de unidades de plátano
representando el 9.2% de la producción a nivel nacional.
En cuanto a la producción del cultivo de Arroz cabe destacar que
los asentamientos produjeron 30.3 millones de quintales (1.5 millones
de toneladas) equivalentes a 40.5% de la producción nacional, la cual
fue de 74.9 millones de quintales (3.8 millones de toneladas) (cuadro
No.14, Anexo II).
3.8. ACTIVIDADES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Dentro de las principales obras de infraestructuras de apoyo a la
producción realizadas en los asentamientos, las que mayores
incidencias tienen son las obras viales e hidráulicas, las que permiten
el transporte de los productos agrícolas y el riego de sus cultivos,
aumento de la producción y la productividad.
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En este sentido, la Reforma Agraria Dominicana en los últimos
diez años ha construido y rehabilitado 7,682 Kms. de los cuales 6,791
Kms. corresponden a la construcción y reconstrucción de caminos
interparcelarios y 891 Kms. de canales de riego y drenaje (cuadro
No.15, Anexo II).
3.9 IMPACTO DE LA REFORMA AGRARIA EN EL PLANO SOCIO
ECONÓMICO
En la última década son invaluables los resultados que en el
plano de la paz social y beneficio económico ha significado la Reforma
Agraria Dominicana. La sociedad fue testigo de la incesante presión
por la tierra que sufrió nuestro País en los años 1960-1980, donde las
invasiones y pérdidas de vidas humanas matizaron este fenómeno
sociológico; como consecuencia de tales acontecimientos, resultó en
la realización de los asentamientos campesinos de los cuales hemos
hablado, complementada con una inyección de recursos por parte del
Estado Dominicano que ascendió a un total de RD$7,740.4 millones
(US$221.2 millones de dólares) por concepto de inversión en
financiamiento agropecuario y ejecución presupuestaria (inversión en
obras de infraestructura productiva y otros) que dinamizaron los 91
asentamientos campesinos establecidos en el período 1994-2003.
El aporte de tales montos permitió el desarrollo de eventos
productivos que generaron ingresos a los asentamientos campesinos,
por valor de RD$29,631.0 millones (US$847.0 millones); lo que nos
indica que por cada peso invertido en Reforma Agraria a través de las
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administraciones gubernamentales correspondientes, dichos
asentamientos cuadruplicaron esa inversión en el valor de la
producción comercializada.
A la luz de los valores económicos antes mencionados, la
rentabilidad de dicha inversión ha sido de RD$22,191.0 millones
(US$634.0 millones) con valores per cápita anual por asentado
equivalentes a RD$211,837.14 (US$6,052.49), tomando en
consideración que la población de parceleros y parceleras en el año
2003 era de 104,755 (cuadro No.16, Anexo II).
26
CAPITULO IV
PRIORIDADES ACTUALES Y NUEVAS
En este renglón se describen las prioridades que actualmente
están vigentes y las que proyecta la Reforma Agraria y nuestro País
para los próximos 10 años.
Actualmente, el Instituto Agrario Dominicano ha emitido 5
resoluciones tales como:
· La Resolución No.5 del 23 de junio del 2005, que creó la
Comisión de Reforma Institucional Interna con el objetivo de
formular propuestas destinadas a lograr la reforma institucional
en el marco del Sector Agropecuario Nacional.
· La Resolución No.11 del 21 de noviembre del 2005, que dispone
el saneamiento general de los asentamientos campesinos, a fin
de verificar si los procedimientos y normas establecidos por la
ley No.5879 del 27 de abril del año 1962 sobre Reforma Agraria,
se han cumplido conforme al dictado.
· La Resolución No.9 del 5 de diciembre del 2005, que crea la
Comisión para revisar y clasificar los terrenos propiedad y en
posesión del IAD, con el objetivo de definir el uso actual de los
terrenos y su potencial productivo.
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· La Resolución No.10 del 5 de diciembre del 2005, que crea la
Comisión para revisar las parcelas en poder de los parceleros/as
campesinos; tiene por finalidad revisar la extensión superficial de
las parcelas que les han sido asignadas a los parceleros y
parceleras.
· La Resolución No.1 del 2 de febrero del 2006, que crea la
Oficina Provisional Operativa de la Comisión de Revisión y
Clasificación de Terrenos del IAD; tiene por finalidad, disponer
de una estructura que dé seguimiento a la Resolución No.09 del
5 de diciembre del 2005, mencionada anteriormente.
Se enuncian las prioridades durante los próximos 10 años
relacionados con los nuevos desafíos sociales, económicos y
ambientales a los cuales se tendrá que enfrentar la Reforma Agraria,
tal como exponemos a continuación:
4.1. PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA INSTITUCION
Transformar el Instituto Agrario Dominicano con la finalidad de
contribuir con el mejoramiento del nivel de vida de los residentes de la
zona rural del territorio dominicano, mediante la ejecución de
programas de desarrollo agropecuario, agroindustrial y humano que
procuren la explotación del recurso tierra y la preservación ecológica,
convirtiendo a los parceleros y pequeños y medianos productores
rurales en entes eficientes y autogestionarios, aumentando la
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producción y la productividad y elevando el nivel de vida de la
población rural.
La nueva institución transformada tendría jurisdicción en todo el
territorio nacional. Con su sede principal en El Distrito Nacional, sito
en la Avenida 27 de Febrero, casi esquina Avenida General Gregorio
Luperón, Plaza de la Bandera; asimismo, dispondría de organismos
provinciales, ubicados en los municipios cabeceras de provincia y con
acción institucional en las demás demarcaciones.
Esta institución se constituirá en una entidad del Estado, con
autonomía financiera y administrativa, quedando bajo la supervisión de
la Secretaría de Estado de Agricultura. Asimismo, quedará investida
de personería jurídica, con facultad para contratar, demandar y ser
demandada en su propio Hombre y Derecho.
4.2. PROPUESTA DE VISION
Transformar la gestión de la Reforma Agraria mediante la
ejecución de programas de desarrollo agropecuario, industrial,
humano y la aplicación de los programas de la institución a través de
mecanismos seguros, transparentes, ágiles y explotación del recurso
tierra y la preservación ecológica, convirtiendo a los pequeños y
medianos productores rurales, tanto del sector reformado o no, en
entes eficientes y autogestionarios, aumentando la producción, la
productividad y elevando el nivel de vida de la población rural.
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4.3. PROPUESTA DE MISION
Promover el desarrollo rural de las pequeñas y medianas
unidades productivas agropecuarias, en un ambiente que propicie su
crecimiento mediante la implementación de proyectos asociativos y
cooperativos, tendentes a reducir la producción agrícola individual que
en términos generales no ha sido conducente al desarrollo rural
sostenido, involucrando en estas organizaciones colectivas cualquier
aliado estratégico del sector privado, que pueda garantizar óptimos
rendimientos con el aporte de recursos económicos y nuevas
tecnologías de producción.
Además, aplicar las políticas estatales sobre tenencia de las
tierras contenidas en las leyes agrarias, a través de ágiles
mecanismos de captación y distribución de tierra, tendentes a lograr
un desarrollo autogestionario de los beneficiarios del proceso.
Igualmente promover el respeto a la propiedad privada dentro del
marco de una economía social de mercado y en coherencia con los
nuevos escenarios políticos, económicos, culturales y sociales.

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